CÓD.S03-03 ONLINE

Discriminación respecto al libre ejercicio de su maternidad en mujeres con discapacidad intelectual

Las mujeres con discapacidad, en particular, las mujeres con discapacidad intelectual, están afectadas por una situación de discriminación, que supone que no sean consideradas como ciudadanas de pleno derecho, especialmente en lo referente a la restricción de su derecho a acceder a la maternidad, o a ejercerla libremente, llegándose a producir situaciones extremas, tales como abortos coercitivos o esterilizaciones forzosas. Además, en caso de llegar a ser madres, son cuestionadas en cuanto al cuidado de sus hijos.

Ello supone una clara vulneración de sus derechos fundamentales, atentándose contra su libertad sexual, al impedírseles acceder libremente a la maternidad, lo que además implica una violencia psicológica, al vulnerarse su bienestar personal y su autoestima, y refleja también una violencia institucional, al no existir políticas de igualdad o prevención que impidan eficazmente esta discriminación.

El art. 23.4 de la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad puntualiza que los menores no podrán ser separados de sus progenitores por el hecho de que alguno de ellos padezca una discapacidad. Únicamente será posible “cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial”, determinen, conforme a la ley, que esa separación es necesaria por el interés superior del niño. Así, las madres con discapacidad intelectual tienen derecho a conservar la custodia de sus hijos, y éstos, a su vez, tienen derecho a no ser separados de sus madres por motivo de su discapacidad.

Es decir, la declaración de desamparo de los menores solo cabría si, de hecho, el menor careciera efectivamente de cobertura básica para el desarrollo integral de su personalidad. De ahí que, en caso de madres con discapacidad intelectual, devienen necesarias otras medidas, dirigidas a prestarles la necesaria asistencia para asumir sus responsabilidades, y que su discapacidad no sea causa del desamparo de sus hijos.

Pese a ello, según veremos, el modelo médico es empleado frecuentemente por los tribunales al enfrentar situaciones de discapacidad intelectual de la madre en procesos de crisis matrimonial o ruptura de pareja, o bien en casos de oposición a medidas de desamparo declaradas sobre sus hijos, centrándose en las afecciones de la madre y no en su aptitud como progenitora.

El objetivo del trabajo es analizar porqué la concepción social conforme a la cual las mujeres con discapacidad intelectual no están capacitadas para ser madres, unida a la ausencia de servicios públicos de apoyo que faciliten su autonomía personal, hacen que sigan viéndose abocadas a no tener hijos o, si los tienen, a delegar su cuidado en terceras personas. A estos efectos, se expondrá la necesidad de que los derechos de las mujeres con discapacidad intelectual sean objeto de las agendas políticas, así como el desarrollo de la actuación de los servicios sociales u otros profesionales que puedan apoyar a las madres con discapacidad intelectual, cuando sea necesario. Son imprescindibles políticas transversales donde la discapacidad intelectual y los derechos de las mujeres (en especial, su derecho a la maternidad) sean tenidos en cuenta de forma unitaria, dotándolas de recursos que les permitan decidir en libertad ser madre o no serlo, sin que su situación personal merme su dignidad como persona.

Palabras clave

DISCAPACIDAD INTELECTUAL DISCRIMINACIÓN MATERNIDAD MENORES MUJER

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Hay 17 comentarios en esta ponencia

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      Luis Carlos Castro Vizcarra

      Comentó el 31/05/2022 a las 19:40:12

      Excelente ponencia y sin lugar a dudas un tema bastante polémico. En tus conclusiones hablas del establecimiento de políticas y servicios públicos destinados a garantizar la convivencia familiar en mujeres con discapacidad. En países como el mío, México, donde los gobiernos no cuentan con la estructura presupuestaria para poder salvaguardar estos derechos esto se vuelve un problema ¿Cómo se podrá garantizar este derecho en países con escasos recursos? ¿Qué políticas públicas y servicios públicos se podrán brindar sin la necesidad de tener un gasto público elevado? Saludos.

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        Silvia Durán Alonso

        Comentó el 01/06/2022 a las 02:00:12

        Estimado Luis, me alegro que el tema elegido haya sido de tu interés. En cuanto a la cuestión que planteas, explico en mi ponencia que siempre que sea posible, debe participar en las ayudas a la madre discapacitada la familia extensa. Esa medida, evidentemente, no acarrea coste. Luego hay otras medidas que no son meramente ayudas económicas, como ayudas presenciales a domicilio, que en caso de no existir recursos públicos, pueden hacerse por medio de voluntariado, por ejemplo. Desconozco si en México hay algo parecido a lo que en España son los "servicios sociales". Entidades de este tipo también pueden apoyar y hacer seguimiento a madres con discapacidad intelectual sin partidas presupuestarias extra.
        Un saludo

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          Luis Carlos Castro Vizcarra

          Comentó el 01/06/2022 a las 02:23:50

          Excelente. Si contamos con Servicio Social y algunas Asociaciones no gubernamentales que suelen apoyar en temas de familia, pero no se dan abasto. Siempre me ha parecido interesante las obligaciones que recaen en la familia extendida al cuidado de los familiares, por ejemplo el caso de los abuelos/padres que se da con mayor frecuencia cada vez más en nuestro país, derivado de la necesidad de ambos padres o del padre/madre soltero de tener que trabajar largas jornadas y no tienen opción más que depender de los abuelos para el cuidado de sus nietos. Saludos cordiales!

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      Lilian Judith Angulo Trujillo

      Comentó el 31/05/2022 a las 03:06:13

      Muy interesante ponencia Silvia Durán Alonso, existe un seguimiento por parte de alguna autoridad para seguir el desarrollo del menor que se encuentre bajo esta situación?

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        Silvia Durán Alonso

        Comentó el 01/06/2022 a las 02:03:18

        Estimada Lilian, pues dependerá de si la administración ha tenido conocimiento del caso. En tal supuesto, lo normal es que los servicios sociales del ayuntamiento o de la comunidad autónoma hagan un seguimiento. Si la situación es muy problemática para el menor, esto podría derivar en la apertura del correspondiente expediente dirigido a declarar al menor en situación de desamparo, y entonces ya es directamente la administración pública la que se haría cargo del menor, como caso extremo y en última instancia.
        Gracias por tu interés y un cordial saludo.

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      Francisco José Tejada Hernández

      Comentó el 20/05/2022 a las 11:47:00

      Felicidades por su aportación. Parece claro que la clave del Derecho a la maternidad de una madre con discapacidad debe pasar por atender el interés superior del menor. claro y razonable. Este derecho a la maternidad se infiere del Principio de igualdad que, en España, consagra la CE 1978 y por la labor diaria de Jueces y Tribunales. Pero, ¿ en su opinión es suficiente, o la efectividad de tal derecho debe pasar por una Ley que tuviera en consideración cada una de las enfermedades mentales que no impedirían que la madre biológica pudiera hacerse cargo del desarrollo integral del menor? Lo digo, porque - si no he entendido mal- corresponde a los jueces la decisión de si una madre con anomalías psíquicas puede o no ejercitar su derecho a la maternidad.

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        Silvia Durán Alonso

        Comentó el 20/05/2022 a las 12:47:28

        Estimado Francisco José, me congratula que le haya parecido interesante mi aportación.
        Lo cierto es que la discapacidad intelectual puede tener lugar como consecuencia de un espectro amplísimo de afectaciones cognitivas, con lo cual, a mi entender, sería muy complejo, realmente, fijar legalmente qué supuestos sí y cuáles no podrían dar lugar a una retirada de la custodia del hijo por esta causa. Máxime cuando, según indico, a la hora de decidir sobre una situación de desamparo de un menor hay que tener en cuenta si éste está, efectivamente, atendido, independientemente de si es la madre la que se ocupa de él o es otra persona de su entorno. Es decir, independientemente del grado de discapacidad materno, habría que entrar a considerar cuáles son los apoyos de la familia extensa, con lo cual las posibilidades de recoger todos los supuestos legalmente se complican.
        Actualmente, en efecto, los jueces deben pronunciarse sobre esta cuestión, si bien, no en todo caso, sino solo en aquéllos supuestos en que la situación ha dado lugar a un proceso judicial. Esto tendrá lugar bien cuando hay una previa declaración de desamparo del menor por la correspondiente administración pública, normalmente acompañada de una retirada del menor del núcleo familiar y acogimiento de éste (institucional o familiar), si ésta declaración se recurre a través de la vía judicial, o bien cuando uno de los progenitores reclamara custodia exclusiva del menor, alegando la imposibilidad del otro de hacerse cargo.
        Espero haber resuelto tus dudas. Un cordial saludo.

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      María Salomé Magaña Martínez

      Comentó el 19/05/2022 a las 21:12:06

      Saludos Silva. Muy interesante tu disertación. Efectivamente, ningún derecho es ilimitado. En ese sentido si ponderamos el derecho a la maternidad de una mujer con discapacidad intelectual, ¿debe garantizarse el mismo derecho a un padre con discapacidad? En el contexto de tu investigación, ¿los hombres con discapacidad intelectual no sufren de la misma discriminación?

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        Silvia Durán Alonso

        Comentó el 20/05/2022 a las 10:29:55

        Estimada María Salomé,
        Gracias por tu interés. En cuanto a la primera pregunta, la Convención de Naciones Unidas celebrada en Nueva York en 2006 relativa a los derechos de personas con discapacidad, ratificada por España, indica que los menores no pueden ser separados de sus "progenitores" (es decir, padre y madre) por el solo hecho de que alguno padezca una discapacidad, y además cuando hablamos del derecho del menor a mantener relación con su familia biológica, evidentemente también el padre está incluido, es decir, las garantías legales actualmente vigentes amparan tanto al hombre como a la mujer discapacitado/a, y lo indicado en la ponencia de que , en caso de disputa por la custodia del menor, no se puede privar a la madre de la misma por el solo hecho de su discapacidad, sino que habrá que tener en cuenta las restantes circunstancias concurrentes, evidentemente es extensible al padre.
        En cuanto a si los hombres no sufren esa misma discriminación, cualquier persona discapacitada, especialmente si hablamos de discapacidad intelectual, es susceptible de padecer discriminación en distintas facetas de su vida por el mero hecho de serlo. Ahora bien, indudablemente, la mujer, discapacitada o no, históricamente, ha venido sufriendo también una discriminación evidente a lo largo de la historia que ahora está empezando a revertir (podríamos referirnos al famoso "techo de cristal"...). Además, una madre, sin ser discapacitada, también se enfrenta a dificultades sobradamente reconocidas para conciliar su papel de madre con el resto de facetas de su vida, circunstancias que, indudablemente, también afectan más a las mujeres que a los hombres. Por otra parte, es incuestionable también que, a la hora de hacerse cargo de los hijos, especialmente en los primeros años de vida de éstos, la mujer juega un papel, en general, más relevante, y por ello, se suele ser socialmente más exigente con las madres que con los padres, en cuanto a sus deberes para con los hijos. Si todo ello afecta a mujeres sin discapacidad, el problema es mucho mayor para una mujer afectada de deterioro cognitivo. Ello sin contar que las mujeres con discapacidad intelectual se han visto sometidas con demasiada frecuencia a esterilizaciones forzosas, privándolas contra su voluntad de la posibilidad de ser madres (en España, era posible legalmente hasta el año 2018). Por todo ello, y sin minusvalorar la situación de un padre afectado por una discapacidad intelectual, es por lo que decidí centrar mi investigación en las madres discapacitadas.
        Un cordial saludo

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      Salud Adelaida Flores Borjabad

      Comentó el 18/05/2022 a las 20:04:34

      Buenas tardes,

      En primer lugar felicitarle por su ponencia. ¿Cree usted necesario el desarrollo de políticas de concienciación social a nivel europeo que obligue a sus estados miembros a destinar dinero a dicha cuestión? ¿No deberían legislarse dichas conductas para que fueran sancionadas? Un saludo.

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        Silvia Durán Alonso

        Comentó el 19/05/2022 a las 00:07:32

        Estimada Salud, gracias por su interés.
        En principio, los países de la unión participaron en la Convención de Nueva York de 2006, por lo que están obligados a su transposición, lo que estarán haciendo en mayor o menor medida (España ha ido adaptándose: no fue hasta 2018 que prohibió las esterilizaciones forzadas, y la modificación principal del Código Civil a estos efectos es de 2021), si bien quizá sí podrían destinarse fondos europeos a estos efectos.
        En cuanto a legislarse dichas conductas, no entiendo bien la pregunta, ya que lo que expongo es la necesidad de que es establezcan medidas públicas para fijar apoyos a madres con discapacidad, de forma que no se vean abocadas a entregar a sus hijos a instituciones públicas. Actualmente, la legislación española ampara que no se puede privar a una madre de su hijo por el único motivo de la discapacidad de ésta, pero es necesario fijar más medios para que, en la práctica, esto sea posible, facilitándoles los apoyos necesarios para la crianza.
        Espero haberme explicado. Un saludo

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      Rosario Naranjo Román

      Comentó el 17/05/2022 a las 21:05:13

      Muchas gracias por tu ponencia, Silvia;
      me gustaría saber si ¿existen medidas públicas (en sentido amplio y en todos de todos los niveles estatal, autonómico y local) destinadas de manera específica a la asistencia y ayuda a la maternidad de mujeres con discapacidad o se trataría de ayudas generales dirigidas a evitar una situación del desamparo del menor? Es decir, ¿se contempla la interseccionalidad de género en dichas políticas públicas?
      Un saludo

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        Silvia Durán Alonso

        Comentó el 18/05/2022 a las 00:31:24

        Estimada Rosario,
        Pues a nivel nacional, la Seguridad Social sí cuanta con prestaciones concretas:
        - Maternidad no contributiva. Incremento 14 días de prestación por discapacidad de al menos el 65% de la madre o del hijo.
        - Ayudas por nacimiento de hijo en el caso de madres persona con discapacidad.
        A nivel autonómico o local, hasta dónde yo se, estaríamos hablando de medidas genéricas a favor de personas con discapacidad, que pueden beneficiar, indudablemente, a madres con discapacidad, tales como:
        - Servicio de Ayuda a Domicilio
        - Servicio de teleasistencia y otras ayudas técnicas
        - Ayudas individuales para personas con discapacidad
        - Alojamientos o viviendas tuteladas para personas con discapacidad
        - Ayudas económicas para la promoción de la vida autónoma
        - Prestaciones para el acceso a los servicios de viviendas para personas con problemáticas social derivada de enfermedad mental
        - etc.
        Por eso comento que es necesaria la promoción de políticas públicas concretas, para favorecer este ejercicio de su propia maternidad por mujeres afectadas de discapacidad intelectual, si bien atendiendo a criterios flexibles, habida cuenta la gran diversidad de patologías mentales y circunstancias en que puede hallarse una madre con deterioro cognitivo, y siempre incluyendo, cuando sea posible, a la familia extensa.
        Espero haber resuelto tu duda. Gracias por tu interés. Un saludo.

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      Jorge Salinas Mengual

      Comentó el 16/05/2022 a las 21:10:47

      estimada Silvia:
      Muchas gracias por tu ponencia. Me alegra mucho escuchar en este foro público la expresión "derecho a la maternidad". Estando de acuerdo contigo en gran parte de tus argumentos, la pregunta que me gustaría plantearte es cómo establecer una ponderación justa entre el bien del menor y el derecho a la maternidad de una mujer con discapacidad intelectual. ¿Qué criterios podrían establecerse para "salvar" el bien de ambos?
      Muchas gracias.

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        Silvia Durán Alonso

        Comentó el 16/05/2022 a las 23:15:38

        Estimado Jorge,
        Me alegra que la ponencia haya sido de tu interés.
        En cuanto a tu pregunta, como indico, el interés superior del menor y el derecho a la maternidad de la mujer discapacitada no son incompatibles, si bien primará el interés del menor cuando por las circunstancias de la madre, se ponga en riesgo la salud o integridad del menor, es decir, debe darse un incumplimiento evidente y grave de las funciones parentales, que genere unas carencias reales del hijo, de carácter moral y material. En estos casos, estaría justificada una declaración de desamparo del menor y la consiguiente intervención pública para hacerse cargo de éste, en sustitución de la madre. Para tomar esta decisión debe estarse a criterios objetivos, tales como una dejadez en la educación y cuidados del menor, la ausencia de tratamiento de las propias patologías maternas, la retirada de la custodia de otros hijos anteriormente, la carencia grave de recursos económicos y, en especial, la falta total de ayuda por parte de la familia extensa.
        En cualquier caso, existe un amplio espectro de patologías mentales y, por ello, el mero hecho de que una mujer esté afectada por algún tipo de deterioro cognitivo no debe llevarnos a considerar que ello implica necesariamente su imposibilidad de ejercer sus funciones como madre. A ello hay que añadir que, de conformidad con la Convención de Nueva York de 2006, las administraciones públicas deben actuar de forma proactiva, para compensar la situación de desequilibrio en la que estas madres se encuentran, debido a su discapacidad, prestando los apoyos necesarios para garantizar su derecho a la maternidad.
        A estos efectos, es necesario fijar políticas y establecer servicios públicos de apoyo a las madres con discapacidad, para contribuir a su propia autonomía en lo que se refiere al cuidado de sus hijos. A la hora de regular estas medidas, deben emplearse criterios flexibles, compatibilizando las propias facultades de la madre en cuestión, con los posibles apoyos de su entorno familiar, de existir éste, y también con los recursos propiamente públicos que se pudieran acordar.
        Espero haber resuelto tu duda.
        Un cordial saludo

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